La Iglesia temía perder su importante influencia, sobre todo tras la reforma del sistema educativo y la implantación del matrimonio civil y el divorcio. Los terratenientes no querían que la declaración de utilidad social les privara de grandes extensiones de terreno. Por otro lado, una parte del ejército, temerosa de reformas en la institución armada (reducción drástica del excesivo número de oficiales), se mantuvo en un estado de continua conspiración antirrepublicana.