En 1959 los Estados interesados en la explotación de la Antártida y en su eventual reparto firmaron este acuerdo como primera fase para la conversión del continente helado en un espacio biológico reservado. En 1991 se firmó en Madrid el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente Antártico, que entró en vigor en 1998 y por el cual se declaraba la Antártida como reserva biológica y científica mundial, exenta de cualquier tipo de explotación económica, colonización o actividad militar. Las reivindicaciones territoriales quedaban también suspendidas definitivamente.